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El 20 de mayo de 2017, en el marco de una protesta violenta planificada por sectores de oposición al Gobierno venezolano, Orlando Figuera, de 21 años, fue agredido por una turba que lo acusó de ser chavista. Luego de ser apuñalado, fue rociado con gasolina y quemado delante de todos los presentes. El Joven Orlando fue internado en un Hospital con varias heridas y quemaduras en 80% de su cuerpo y falleció, 15 días más tarde, el 4 de junio.

La violencia de este crimen es una expresión de lo que ha caracterizado a la derecha venezolana liderada, entre otras, por personas como María Corina Machado. Odio, racismo e intolerancia. Un accionar violento que ha acompañado a la oposición venezolana desde inicios del gobierno de Hugo Chávez. Vale recordar los sucesos de abril de 2002 cuando sectores empresariales, medios de comunicación privados y sectores minoritarios de la Fuerza Armada apoyados por el gobierno de los EE.UU. y España conspiraron para derrocar al Gobierno. En esa oportunidad, dispusieron de francotiradores que desde varios puntos dispararon contra individuos tanto de oposición como afines al gobierno para generar la narrativa según la cual este habría ordenado disparar contra manifestantes desarmados. El golpe solo duró un par de días, pero la forma de actuar mostraba el carácter fascista de una oposición cuyas caras visibles no han cambiado desde entonces.

Chavez regresó al poder y no solo regresó llamando a la paz y la convivencia sino que en 2007 firmó un decreto de Amnistía que permitió la liberación de muchos de los involucrados en esos hechos. El decreto concedía la amnistía a aquellos que se encontraban a derecho, procesados y condenados por la comisión de alguno de 13 delitos que incluían la toma violenta de gobernaciones y alcaldías, la privación ilegítima de libertad de un ministro, la instigación a la rebelión militar y una serie de hechos que llevaron a la muerte de personas. Nos referimos a delitos tipificados claramente en las leyes venezolanas. Delitos que son además tipificados en las leyes de cualquier otro país del mundo, incluido EE.UU. Cuando el presidente Chávez concedió amnistía a esas personas no estaba anulando el delito. Estaba tendiendo una mano y haciendo un llamado a ejercer la política en el marco de las leyes, la paz y la convivencia.

Recientemente, la Presidenta Encargada de Venezuela, Dra. Delcy Rodríguez, anunció una amnistía y pidió a la Asamblea Nacional que elaborara y discutiera un proyecto de Ley de Amnistía. Una ley que concretaría un proceso de revisión de casos y excarcelación que ya había comenzado el presidente Nicolás Maduro Moros y que excluye a condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción o violaciones a los derechos humanos. Los medios de comunicación corporativos ya hablan de la liberación de presos políticos, pero es importante hilar fino y entender de qué estamos hablando. ¿Presos políticos o políticos presos?

Según Amnistía Internacional un preso político o preso de conciencia es aquella persona “encarcelada (o sometida a otras formas de privación de libertad) únicamente por ser quien es (su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, condición socioeconómica, nacimiento, orientación sexual, identidad o expresión de género u otra condición) o por creer en lo que cree (sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas), que no ha usado la violencia ni propugnado la violencia ni el odio en las circunstancias que condujeron a su detención”.

La Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea establece, por otra parte, que se es prisionero político cuando la detención ha sido impuesta por puros motivos políticos sin conexión con delito alguno.

¿Quienes son entonces los prisioneros a quien la mediática dominante llama prisioneros políticos? Nos referimos a personas que promovieron, instigaron y/o participaron en acciones violentas explícitamente caracterizadas como delitos en las leyes venezolanas.

Recordemos esos hechos. En 2013, luego de anunciarse los resultados oficiales que daban ganador en las elecciones al entonces candidato Nicolás Maduro Moros, el candidato perdedor, Henrique Capriles Radonsky, desconoció los resultados y convocó a sus partidarios a exponer públicamente su rechazo a través del ejercicio de la violencia lo que provocó en esos días el homicidio de 9 personas que incluyeron niños, niñas y adolescentes. En 2014, dirigentes de oposición entre los que estaban Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma llamaron a sumarse a un plan que llamaron “La Salida” y que provocó agresiones a personas identificadas con el gobierno y a ataques e incendios de infraestructuras de servicios públicos de salud, educación, transporte y electricidad, redes de almacenamiento y distribución de alimentos subsidiados, bibliotecas e incluso un preescolar que en el momento del ataque albergaba a 89 menores de 6 años. En total, durante esos eventos se contabilizaron 43 personas fallecidas y 878 lesionadas. Se incluye entre los fallecidos a 9 funcionarios de seguridad y un fiscal público que cumplía con su trabajo.

Una situación similar se vivió en 2017. Los mismos actores, las mismas caras, pero con una violencia mayor. Un informe de la Organización de Derechos Humanos SURES refiere a hechos de violencia que dejaron un saldo de 74 fallecidos de los cuales solo 6 son imputables a los cuerpos de seguridad. 28 personas murieron por disparos de arma de fuego, algunas de fabricación casera. Hubo personas asesinadas mientras participaban en actividades en respaldo al gobierno por disparos que procedían de edificios aledaños y el caso terrible de Orlando Figuera con el que comenzamos este escrito. La mayoría de las manifestaciones que incluían además el cierre de vías y el impedimento bajo amenaza al libre tránsito, ocurrieron en municipios cuyas autoridades eran de oposición, algunos de los cuales incluso participaron directamente en las acciones.

En 2024 y luego de las elecciones del 28 de julio, la oposición, una vez más, desconoció los resultados y llamaron (una vez más) a la violencia. Podemos enumerar a manera de ejemplo que fueron atacadas con objetos contundentes, bombas incendiarias y armas de fuego, 12 universidades, 7 preescolares, 21 escuelas, 34 liceos, 6 Centros de Diagnóstico Integral, 11 estaciones de metro, 38 autobuses, 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, sedes de ministerios, tribunales, estaciones de policía, etc. Fueron asesinadas personas (mayoritariamente mujeres) que lideraban procesos comunitarios. Fueron asesinados soldados. Resultaron heridos varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tropas profesionales y 120 policías.

No hay espacio para seguir enumerando lo que ha sido el accionar de una oposición que desde que empezó la Revolución Bolivariana no se ha detenido en su intento por derrocar al gobierno y que utiliza la violencia como instrumento de ese accionar. Una oposición que ha saturado a sus partidarios con discursos de odio e intolerancia. No estamos hablando entonces de presos políticos. Estamos hablando de personas que han cometido delitos, han sido imputadas y condenadas por esos delitos. Personas que han dejado heridas profundas en el pueblo venezolano. Una Amnistía en este momento, sin embargo, no es debilidad. No es olvido. Es una demostración, como hiciera Chávez en 2007, de que en Venezuela se apuesta por la paz y un llamado (una vez más) a los sectores opuestos al gobierno, a transitar rutas enmarcadas en la democracia, en la convivencia y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Guillermo R Barreto es venezolano, Doctor en Ciencias (Univ Oxford). Profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Fue Viceministro de Ciencia y Tecnología, presidente del Fondo Nacional de Ciencia y tecnología y Ministro de Ecosocialismo y Aguas (República Bolivariana de Venezuela). Actualmente es investigador en el Instituto Tricontinental de Investigación Social y colaborador visitante del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales-IVIC.

Este artículo fue producido por Globetrotter.

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