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El pasado 24 de marzo, Argentina recordó el inicio de la sangrienta dictadura militar que inició hace 50 años en el país sudamericano. Las cicatrices del trauma social más severo del país aún marcan en buena medida la política y el pasado. Museos, historiadores, madres de los desaparecidos, abuelas de los nietos robados a sus padres, sindicatos, partidos políticos, entre tantos otros, luchan cada día por impedir que se olviden las acciones de lesa humanidad cometidas por el Ejército argentino.
Las palabras se disuelven en el asombro cuando se observan por primera vez las cifras que dejó el así llamado “Proceso de Reorganización Nacional”: 30.000 desaparecidos; 15.000 asesinados; 8.500 encarcelados arbitrariamente, incluyendo curas, monjas, ancianos, discapacitados, mujeres y niños; 1.000.000 de desplazados involuntarios y exiliados dentro de Argentina o a otros países; expropiación forzosa y venta ilegal de muchas propiedades de las víctimas; reclusión de campos de concentración y asignación de sitios de reclusión y tortura en diferentes lugares del país; incontables violaciones sexuales, golpes, desmembramientos, personas electrocutadas, etc.; adopción ilegítima de más de 300 niños nacidos en cautiverio cuyos padres fueron asesinados.
¿Reescribir la historia o reescribir la memoria?
Actualmente, el gobierno ultraderechista de Milei ha buscado que la historia de la dictadura se vea y se recuerde diferente. En un video publicado 50 años después del inicio de la dictadura, el gobierno de Milei parece que busca “justificar” de alguna manera las acciones de los militares pidiendo que se cuente la “historia completa”. El argumento de que en Argentina la dictadura fue necesaria por una supuesta existencia de grupos terroristas de izquierda que caotizaban el país no es nuevo. Fue precisamente la justificación de los militares golpistas de los años 70 y 80.
Ahora Milei ha aprovechado la ocasión para, nuevamente, atacar al kirchnerismo, grupo político que según el video difundido por el Ejecutivo, censuró la historia de aquellos que narraban hechos que no se ajustaban a un supuesto relato kirchnerista y de las organizaciones de derechos humanos.
Pero esta forma de ver la dictadura de Milei no es nueva. En anteriores ocasiones ha dicho que en realidad no fueron 30.000 desaparecidos, sino 10.000 (lo cual seguiría siendo un número escalofriante) y que la dictadura hizo lo que hizo para salvar a Argentina de una supuesta guerra civil. Los datos que presentan intelectuales ultraderechistas no han sido confirmados y entran en discrepancia directa con las investigaciones nacionales e internacionales más serias que se han llevado a cabo.
Un Estado que buscó la destrucción de la izquierda revolucionaria
Es importante recordar, sin embargo, que el Golpe de Estado solo fue uno de los eventos que promovieron estos crímenes. Años antes, el Ejército argentino ya había tomado el poder en varias ocasiones para contrarrestar el creciente poder del radicalismo y el peronismo. Y unos pocos meses antes del Golpe de Estado, cerca de mil personas fueron asesinadas extrajudicialmente en Tucumán por parte de las fuerzas armadas para destruir a las fuerzas de la izquierda revolucionaria argentina.
Esta última aspiración, tan marcada en el fondo de la ideología dominante del conservadurismo argentino, se vislumbró como una justificación para las peores atrocidades. A veces los datos, que ya de por sí son infames e impresionantes, pueden ocultar las preguntas más importantes: ¿Por qué hicieron lo que hicieron los militares? ¿Cómo fue posible que durante varios años aniquilaran a miles de personas? ¿Actuaron solos? ¿Qué proyecto económico promovieron mientras estuvieron en el poder?
Las respuestas a estas preguntas explican que detrás del accionar de los militares, los conservadores, una buena parte de la Iglesia Católica en Argentina, los organismos de inteligencia estadounidenses, entre otros, había un objetivo específico: destruir a los grupos revolucionarios en Argentina.
Esta afirmación me la contó hace varios años un viejo militante argentino, sobreviviente de la tortura de la dictadura militar, quien afirmó que la razón de que en Argentina no exista un movimiento revolucionario importante no se debe a que, como suele afirmar la derecha argentina, se desgastó el anhelo de un cambio profundo, sino que los grupos que propugnaban un cambio en el modelo fueron sistemáticamente masacrados para que así no exista en el futuro de Argentina (donde la izquierda revolucionaria era muy fuerte durante buena parte del siglo XX) una sola posibilidad de un cambio profundo.
El Estado dictatorial: una máquina para exterminar
Tras el Golpe, el Estado argentino prontamente se convirtió en una máquina bien aceitada para llevar a cabo el objetivo de la destrucción de una generación de revolucionarios. Las operaciones de captura, tortura, asesinatos masivos, desapariciones, secuestros de niños, control de todas las funciones del Estado y los medios de comunicación, etc., dan cuenta de un plan muy bien meditado.
Bajo el beneplácito de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Henry Kissinger, la dictadura militar actuó públicamente en contra de una población mediante el control de los medios de comunicación, mediante los cuales se afirmaba que los cadáveres, los desaparecidos, los capturados, en realidad habían sido víctimas de grupos terroristas de izquierda.
Estas afirmaciones se mantuvieron durante una buena parte de la dictadura. Luego se supo que eran los propios militares, junto a grupos paramilitares aliados, quienes secuestraban, torturaban, violaban, y demás horrores, aunque lo hacían sin uniforme, simulando ser civiles, pero de manera totalmente coordinada con los altos mandos del Ejército, quienes conocían y ordenaban las violaciones a los derechos humanos.
También se afirmó que los asesinados habían caído en combate contra las fuerzas del Estado. Aparecían por decenas cadáveres en las calles junto a ametralladoras y pistolas. Sin embargo, cuando las familias que sí lograron recuperar los cuerpos (decenas de miles de otras familias hasta el día de hoy no han logrado hacerlo) observaban los cadáveres, veían atroces signos de tortura, rostros sin ojos, sin testículos, sin senos, con las uñas arrancadas, las pieles amoratadas por los golpes.
Prontamente se sospechó algo que sería confirmado más tarde: tras días de intensas torturas, en las cuales se buscaba que los capturados dijeran nombres de camaradas (y así reiniciar la caza de personas), eran asesinados extrajudicialmente para luego ser depositados en la calle junto a un arma que nunca llegaron a disparar.
Pero la dictadura fue tan ruin y sanguinaria que la estrategia de dejar cuerpos en las calles les pareció “poco práctica”. Es así como se organizaron métodos de exterminio masivo como los infames “vuelos de la muerte”, mediante los cuales se subían a los detenidos al transporte aéreo, se los sedaba y luego se los lanzaba al mar. Miles de personas se ahogaron en el mar sin poder moverse debido a una dictadura militar que no dudó ni un segundo en poner toda su infraestructura a disposición del exterminio político.
Empresarios y religiosos: aliados y partícipes de la dictadura
Para llevar a cabo estos actos se suele pensar que los militares actuaron solos. Los nombres de los generales Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri y Bigone suelen ser los más recordados. Pero lo cierto es que muchas otras personas estuvieron involucradas y le permitieron al proyecto aniquilador actuar con mayor solvencia. Empresarios, técnicos, religiosos, periodistas, políticos, etc., formaron parte de la dictadura militar.
Entre ellos se encuentra José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de economía de la dictadura que realizó un programa económico tendiente a la liberalización financiera, el endeudamiento externo masivo y el inicio de la desindustrialización de la otrora poderosa industria nacional. Martínez de la Hoz era el representante político de algunos de los más importantes grupos económicos del país, especialmente de los agroexportadores y los bancos (grupos muy interesados, hasta el día de hoy, en desindustrializar Argentina).
En este aspecto también participaron Adolfo Diz (presidente del Banco Central) y Roberto Alemann, quienes participaron el gobierno y fueron hombres de confianza del FMI y de importantes empresas como Ford Argentina, Technit y Ledesma, algunas de las cuales entregaron listas de trabajadores a los militares para que los asesinen.
También colaboraron intelectuales y curas católicos. Jaime Perriaux colaboró activamente elaborando marcos jurídicos a favor del régimen militar. El vicario castrense Adolfo Tortolo legitimó el accionar criminal de la dictadura, así como también lo hizo Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y hombre de confianza de la dictadura. Esto fue muy importante si se toma en cuenta que en el interior de la Iglesia Católica hubo quienes fueron desaparecidos y torturados, entre ellos varios curas cercanos a la Teología de la Liberación.
Algunos medios de comunicación como Clarín, La Nación y La Razón dieron su apoyo a la dictadura al inicio de la gestión, cuando se cometió la mayoría de los crímenes. Hasta el día de hoy, varios críticos de la dictadura continúan señalando a estos grandes medios de comunicación como cómplices de los crímenes, pues siguieron los mismos argumentos de la dictadura pese a que fue muy evidente que la narrativa oficial no era congruente con los hechos.
El “enemigo interno”: la ideología de la dictadura
Sin embargo, poco o nada les importaba la congruencia a un grupo de militares que buscaban aniquilar a un grupo político. En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos promovió en los ejércitos latinoamericanos la doctrina de que la mayor amenaza para su existencia se encontraba en el interior de sus fronteras. Cientos de tenientes, coroneles, generales, etc., se educaron en la Escuela de las Américas, un centro de adiestramiento militar e ideológico para militares. Ahí no solo se enseñaba sobre los peligros de los grupos comunistas, su ideología y sus métodos de acción política, sino que también se enseñó técnicas de contrainsurgencia, entre las cuales se cuenta métodos para torturar, obtener información y causar terror entre la población civil.
De este modo, en todos los países latinoamericanos, con excepción de Cuba, se promovió —mediante los medios de comunicación, la iglesia, el Estado y los partidos políticos de derecha— la tesis de que prontamente surgiría en todo el continente una revolución sangrienta por parte de los comunistas que destruiría la sociedad.
Varios medios de comunicación, apoyados por organismos de inteligencia estadounidenses, llegaron a afirmar, por ejemplo, que los niños serían arrebatados de sus familias ante una revolución, e incluso se dijo —por más ridículo que suene hoy en día— que los comunistas comían niños. Además, una buena parte de la Iglesia Católica, mediante el gran poder ideológico que posee en la región, alertaba a los ciudadanos en contra de la amenaza comunista y atea.
Así, el anticomunismo prontamente fomentó la idea de un “enemigo interno” (idea promovida por la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos), el cual debía ser aniquilado de cualquier forma posible si se quería salvar la sociedad. Una buena parte de las sociedades latinoamericanas mordieron el anzuelo (incluso hasta el día de hoy) y esto les permitió a las dictaduras militares tener cierta legitimidad para cometer los crímenes antes señalados.
Agrupadas y coordinadas entre sí alrededor del Plan Cóndor, las distintas dictaduras que surgieron en toda Sudamérica (durante cierto momento de los años 70 y 80, apenas dos países no eran controlados por dictaduras militares) compartieron información y actuaron conjuntamente para inmolar a toda una generación de jóvenes revolucionarios.
Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, etc., fueron países en donde se desataron auténticos procesos de terrorismo de Estado, y en donde Estados Unidos jugó un papel fundamental impulsando dichos procesos dictatoriales y dándoles su apoyo. Y si bien algunos procesos dictatoriales como los encabezados por Velasco Alvarado en Perú o el de Rodríguez Lara en Ecuador tuvieron posiciones soberanistas y redistributivas, era muy claro que la democracia había dejado de ser una opción en América Latina.
Todo aquello que pareciera cercano a la izquierda era tildado de “comunista”, y esto daba una aparente “carta blanca” para que los ejércitos actuasen en contra de la población que juraron defender. De este modo, miles de latinoamericanos de centro izquierda y de izquierda no marxista también fueron aniquilados, perseguidos, desterrados de su tierra. Asimismo, todos aquellos que criticaron los regímenes dictatoriales también se vieron amenazados.
Los efectos de la dictadura
El efecto de la dictadura militar argentina y el de las otras dictaduras latinoamericanas aún es objeto de estudio y debate. Pocos pueden negar el enorme impacto que tuvieron en las democracias que luego se reconstituyeron como pudieron. Las Fuerzas Armadas ya no podrían ser ignoradas como uno de los actores políticos más importantes de cada país, llegando a ser incluso la fuerza dirimente en un conflicto.
Al mismo tiempo, las sociedades latinoamericanas tuvieron un claro giro a la derecha, fomentando en buena medida valores tradicionales como mecanismos de cohesión social. A su vez, dictaduras como la argentina allanaron el camino para el establecimiento de economías neoliberales en las cuales las identidades políticas colectivas y la fragmentación del tejido social se convirtieron en las bases sobre las cuales se levantó el proyecto civilizatorio neoliberal, el cual, hasta el día de hoy, es el hegemónico en la región.
A esto hay que sumar a una militancia política radical que nunca se pudo recuperar del todo. Con el asesinato, tortura y desaparición de decenas de miles de jóvenes se perdió toda una generación de revolucionarios que ya no pudo formar un puente entre el pasado y el presente, lo cual ha causado un debilitamiento histórico en los grupos políticos revolucionarios. Y si bien hay varios sectores que se esfuerzan por reedificar aquella tradición política, las consecuencias del terror y la persecución siguen formando parte de una identidad política generalizada.
El fin de la dictadura argentina
En un último intento por reafirmarse como una fuerza útil para la sociedad argentina, varios militares apostaron por revivir un conflicto externo. Así es como se desató la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a la dictadura militar argentina y a la Inglaterra de Margaret Thatcher por el control de las islas Malvinas. Tras varias semanas de conflicto y miles de muertos, la dictadura argentina fue derrotada.
El fracaso de la reconquista de las Malvinas ahondó la crisis de legitimidad que tenía la dictadura. Muchas voces que antes apoyaban a los militares solicitaron el fin del control político de los generales. Es así como la dictadura entregó el gobierno el 10 de diciembre de 1983 al presidente electo Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. También fueron reinstituidas las dos cámaras del Congreso de la Nación, gobernaciones, municipios y una Corte Suprema de Justicia que reemplazó a la corte de la dictadura.
Pero, si bien de facto la dictadura cesó, las marcas de los crímenes cometidos no desaparecieron. Durante la dictadura, decenas de madres de los desaparecidos reclamaron a la dictadura por el paradero de sus hijos. Esa exigencia prontamente se sumó a la de la búsqueda por los niños que nacieron en cautiverio y fueron secuestrados y criados por otras familias. Tras el fin de la dictadura, aquellas luchas por la verdad y la reparación continuaron hasta el día de hoy.
Alfonsín decretó inmediatamente la creación de una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cual investigó los crímenes de la dictadura. Pese a que a muchos de los asesinos y torturadores pensaron que se saldrían con la suya, fueron juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos a los integrantes de las Juntas Militares. Esto marcó un precedente jurídico para que se incluya en el Código Penal el delito de desaparición forzada, lo cual fue replicado por varios países de la ONU.
Sin embargo, la dictadura no había pasado en vano. Varios gobiernos posteriores, como el del neoliberal Carlos Menem, entregaron indultos a personas judicialmente comprometidas, lo cual llevó a los familiares de las víctimas a buscar reparación en organismos internacionales. En 2004, Alemania exigió que se capturaran a dos de los líderes de la dictadura, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, por el asesinato de ciudadanos alemanes. Sin embargo, ambos dictadores continuaron en prisión domiciliaria por otros crímenes.
La memoria como campo de batalla
Hoy en día, cada 24 de marzo, miles de argentinos salen a las calles a recordar la barbarie y el terrorismo de Estado gestado por la dictadura. Pero también salen a recordar a sus seres amados (la mayoría de los cuales aún siguen desaparecidos): sus gestos, su vida, su lucha, sus sueños, sus aspiraciones de un mundo distinto, sus sonrisas, sus lágrimas, etc., no son olvidados. Para Argentina la memoria es uno de los campos de lucha más importantes, y en ello se juega una gran parte de su futuro.
Uno de los que recordaba fue el gran poeta argentino Juan Gelman, cuyo hijo y nuera embarazada fueron desaparecidos por la dictadura. En un poema le dice a su nieta desaparecida: “[Tu madre] debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar —así era casi siempre— a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez, o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración: los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después.”
Pero la esperanza existe. Gelman encontró a su nieta. Se llama Macarena y se parece a sus papás desaparecidos, como la misma Argentina que, si se la mira de cerca, tiene la cara de los desaparecidos en cada esquina, calle, restaurante, estadio de fútbol, mesa de comedor y en la memoria de todos quienes los recuerdan valientemente.
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